LOS DOS EXTREMOS DE NUESTRO SINDICATO

De un profe, para los profes de mi querido Chiapas.

A propósito de este mes del maestro.

Los Dos extremos de nuestro sindicalismo

Gregorio de J. Hernández Grajales

El estado de indefensión en el que nos percibimos aquellos maestros que no pertenecemos a ningún coto o parcela de poder sindical o filiación militante de algún grupo del sindicato de maestros en Chiapas; la incertidumbre real, ante el embate o beneficios que pueda generarnos la actual reforma educativa

nacional, permite, -en el uso de nuestra facultad de razonar libremente-, generar apreciaciones sobre el estado que guarda nuestra cultura gremial, que sin menoscabo de los logros respectivos que el SINDICATO ha logrado arrancar en esta cultura de permanentes “negociaciones”, al parecer, hay junto con pegado, un olvido y un rezago en materia de protección profesional y laboral de los derechos humanos elementales que el sindicato debería poner en la mesa de los debates a partir de la “opción” que nos dejan las leyes reglamentarias locales, mismas que deberían estarse ya configurando y eso si, negociándose con el congreso local, para su impronta y justa aplicación de los derechos y obligaciones.

Lo cierto es que hoy, preocupa percibir que el sindicato sólo se ocupe y nos convoque, unos a la participación pasiva, otros a la suspensión y paro de actividades, pero ambos bajo la racionalidad de sus conquistas expresadas en cercanías o distancias con el poder en turno, condición que permite a unos y a otros, asomarse y ser protagónicos del ejercicio sindical o institucional a partir de un activismo político sindical centrado en la negociación subterránea de espacios políticos a partir de las demandas de los trabajadores –que siendo reales y muchas- se convierten en motín y bandera de grupos creando una arena de lucha sucia, que terminan por degenerar las aspiraciones del maestro que ocupado en su aula o en la academia, deposita el voto de confianza en sus representantes. En esta arena de posicionamientos, los dos extremos de nuestro sindicalismo, obligan a repensar el futuro de nuestra cultura gremial, que ojalá no se vuelva instaurar en el caudillismo de figuras vitalicias ni tampoco del rejuego autorizado por el gobierno en turno de una cultura sindical subsidiada para la promoción de una cultura magisterial fundada en la violencia y la intolerancia.

De un lado, los impulsores viscerales de la contrarreforma, del no a la innovación y al movimiento necesario de prácticas anquilosadas con usos de abusos convirtiéndolos en leyes y conquistas revolucionarias del sindicato, que no es lo mismo, convertirse en una instancia sindical con valor moral por su impacto en la justicia social amplia más que la defensa de lo gremial. Por otro, los institucionales cuya maquinaria política clientelista y electoral engendrada y permitida por el mismo

estado, sigue efectiva y funciona aún a la perfección, asumiendo actitudes de complacencia tácita incluso bajo los mismos rituales, se aprecia hasta una disculpa de haber tomado distancia con el viejo régimen pero de su incondicional regreso y disponibilidad. Ambos, al final, contribuyendo a la confusión del maestro en servicio, que desde el aula, recibe y percibe, lo que con más frecuencia oye; filiaciones y fobias son así, los únicos posicionamientos ideologizados que se logran configurar en el magisterio. Pocos lectores, demasiados juicios, nula discusión fundamentada, apreciaciones subjetivas, especulaciones y deformaciones a favor y en contra de una reforma, que ya de entrada, se asoma como unilateral y punitiva desde su presentación y origen, pero que el sindicato, mas que rechazarla o admitirla, tendría que convertirla en un buen motivo de ocupación para su reinvención y negociación permanente.

Un sindicato entonces sin perspectiva de reorientación de prácticas, de filosofía y de identidad misma. Un sindicato que pulverizado y fragmentado desde sus componentes centrales, no propone porque pocas veces lo ha hecho, no inicia ni crea porque se acostumbró a obedecer y a recibir. Los unos, no se mueven, obedecen, porque aun quiere salir en la foto. Los otros, porque les han alcanzado el precio y solo simulan a la base que hay que movilizarse sin moverse; discursos incendiarios con prácticas de corruptelas en sus dirigentes, quienes usufructúan con canonjías su razón “revolucionaria”, estructura y prácticas fuera de norma pero permitidos por los gobiernos y ávidamente consumido por la complicidad de la cúpula “democrática”. Un sindicato cooptado siempre, de ambos lados, y cortados desde el mismo cordón umbilical. Ambos mayores de edad pero sin independencia, especie de hijos del viejo régimen que por su corporativismo de origen no logran ni piensan ni quieren tomar riesgos de la aventura para construir sus propios proyectos de sociedad civil si clientelismo. Un sindicalismo que espera a la toma de decisión de quien manda para obedecer literalmente por un lado; a contradecir, arrebatar, gritar, patalear, pero finalmente aceptar solo para parecer contestatario y democrático, por el otro. Simulación contestataria que solo está sirviendo para ser cómplices del problema, aumentando con ello, una magisterio que se auto desarrolla y multiplica en el todo o nada con la complacencia y financiamiento del propio gobierno, duplicidad de gastos, duplicidad de negociación, duplicidad de actitudes, irreverencia y obediencia controlada de alto costo para el erario público.

Un sindicalismo que hoy también es gobierno, un sindicalismo que parte y reparte; que se asume y defiende como juez y parte; que dejo de ser el vigía acompañante de un buen gobierno, celoso de su gremio no sólo de sus lideres y cuadros. Que hoy es comparsa pero quiere seguir siendo a costa de lo que sea, militante popular y de lucha social pero gozando de los beneficios que el poder les obsequia en demasía, incluso de sus irregularidades laborales-salariales en las que muchos de sus “líderes

morales” están instalados. Un sindicalismo que contiene y mantiene una estructura de poder similar o mas perfeccionada que el estado, cuya cultura clientelista ha alcanzado dimensiones perversas con personajes perversos que se niegan a regresar a sus aulas y viven de la ya legitimada alharaca política sindical fundada en el activismo grupal mas no en la construcción real de una cultura sindical del magisterio que apremie a la mejora colectiva y la formación profesional del magisterio.

La aparente orfandad sindical de hoy, nos muestra que aun estamos lejos de ejercer nuestra ciudadanía sindical; el rumbo tiene que empezar a construirse desde una visión sindicalista respetuosa pero inquieta, ordenada pero transgresora de cualquier verticalismo dañino para cualquier época y sociedad. Donde lo critico no se confunda con lo grosero, donde lo contestatario nada tenga que ver necesariamente contra el gobierno con rabiosa intolerancia, pero si con el encuentro de lo justo y equitativo de la labor educativa. Donde lo público y lo privado sean consideraciones de respetuosa convivencia y generosa correspondencia. Un sindicalismo que no solo defienda lo indefendible de sus cuadros y de sus usos y costumbres, sino que defienda y también apremie el valor de sus afiliados como un ente diverso, racional e incluyente y no solo con identidad de grupos. Donde lo diverso no sea enemigo, y donde el otro se incluya en el nosotros. Pero sobre todo, donde el trabajo político con las bases se fundamente en banderas de crecimiento profesional colectivo, de aportes y toma de decisiones consensadas lejos de prácticas clientelistas que solo azuzan para gritar sin saber escuchar, sino de células colegiadas que apremien la cultura del debate responsable en los temas que hoy nos implican; acciones que permitan contribuir en la cultura del maestro, mas que evidenciar la ignorancia y la ausencia del mínimo común denominador de quien educa a otros.

Un sindicato entonces que abandere la transparencia, la eficiencia y calidad de los agremiados asumiendo su responsabilidad en la corrupción denunciada mas que en la equivocada idea de la protección y reproducción de las experiencias fundada únicamente en lo laboral. Defender la escuela publica, es en esencia, defender y cuidar lo que hacemos y cómo lo hacemos, no es un asunto de discurso cínicamente ilustrado o de simple herencia posrevolucionaria. Defender el derecho de los trabajadores, implica ser corresponsable de la transparencia, equidad y justicia laboral, no cómplice de un poder que arrope solo a sus cuadros y abandone a la SOCIEDAD. Un sindicalismo que también privilegie la perspectiva a futuro mas que el resolver el aquí y el ahora, quedándose en la demanda de la inmediatez y soslayando la opción histórica de construir perspectivas colectivas del magisterio y la sociedad.

Permítaseme en este tenor, poner en el tintero de nuestras quimeras una opción intencionada que nuestro sindicato debería abanderar más

allá de la inmediatez del clásico pliego petitorio de cada 15 de mayo, ritual que gasta y desgasta no sólo en su logística de operación, sino en la mas mínima expresión de respeto a la inteligencia magisterial; por un lado, la responsabilidad del gobierno por permitir llegar precisamente a este momento de “negociación” para dar año con año el porcentaje tabulado de aumento salarial, como el 3.9% de esta ocasión, pero que se pierde más ante el jaloneo provocado. Por otro del sindicato, que sin ningún ejercicio de auto revisión de prácticas, se repiten esquemas año con año, con demandas innecesarias que atienden más a la falta de seguimiento y evaluación de las responsabilidades administrativas en las que se incurre por “negociación” o “minuta” que por un vacio de atención. Escenario estructural de problemas diversos provocados en el argot del estira y afloja que produce el tratamiento de los asuntos en las famosas comisiones mixtas establecidas en los niveles o incluso de decisiones unilaterales asumidas por los administradores oficiales, pero que el sindicato debería ser el principal guardián del orden y respeto y no parte del problema. Asunto de boomerang, que los pliegos petitorios anuales atienden sin llenadores, ya que se vive, con eternos remiendos, tapando los hoyos existentes y abriendo otros más profundos. Y así sucesivamente, lo que convierte el asunto sindical vs gobierno, en un cuento de nunca acabar, mismas prácticas, mismas gentes, mismas rutas.

Hoy muy pocas propuestas del sindicato están incidiendo en las leyes secundarias, no hay visos de cómo el sindicato pudiera influir en las leyes reglamentarias como la alternativa legal para poder contrarrestar los abusos de aplicación que la reforma pudiese provocar en los agremiados. Ni tirios ni troyanos asumen responsabilidad alguna en la construcción de esta ruta, unos no solo lo asumen sino que hasta la defienden; los otros, no solo piden destruirla, sino que, la extienden a considerarla, como la más cruenta agresión a “prácticas ya conquistadas” a “privatización de la educación” “políticas capitalistas” etc. Que aún siendo ciertas, no fundamentan con los actos el dicho, y aunque al final, admitan su distancia con la normatividad sean los primeros en corromperla. Procuran un no rotundo a la reforma fundamentalmente en las áreas de responsabilidades pero se cita irónicamente aquellos preceptos de la misma, que permiten pedir y exigir más sobre la responsabilidad del estado.

En este vacío de rutas críticas, en esta ausencia de posibilidades y utopías de ambas partes, o si las hay, carecen de voluntades para asomarse, me permito, en la euforia de mis angustias y limitaciones, retomar posiciones a veces comentadas, a veces ya escritas en los vericuetos de la razón critica de un sistema educativo que privilegia la regulación, que insiste en la medición, pero que desdeña en su intento, grandes opciones de emancipación cultural y de formación ética de la persona ejercidos con ambientes colectivos de vida respetuosas y no tanto por decreto oficial de valores con los que no se vive, solo se

discursa y se demanda. Y puede ser, con mucha razón, que ese sea el caso cultural que está extendida en nuestras escuelas. Se piden valores, se estudian valores, se habla de valores, pero no se cohabita con valores.

No obstante, la escuela, no es un ente aislado, es un micro espacio con su micro historia y su micro relaciones de poder, las más de las veces, sujeta a la institucionalidad que la ordena y la mandata. Pocas son aquellas que han logrado crear e innovar sus propias rutas de convivencia colegiadas uniendo esfuerzos y voluntades, muchas mas, las que con un poco de liderazgo han cubierto sus procesos de vigilancia y cuidado del servicio que ofrecen, pero las mas, viven bajo el cumpli-miento literal de las reglas y rituales de la escolaridad sin que ello signifique garantía de la formación de calidad tan demandada.

Luego entonces, si la reforma actual, alude, en su modificación al 3º. Constitucional, que la calidad ya no es asunto de aspiración de la política educativa, sino de asumirse con rango constitucional, cualquier escuela que no cuide sus procesos y servicios que oferta a la población podrá entonces ser demandada legalmente por aquel padre de familia que considere una falta de calidad en la atención de su hijo (a); lo que implica a la vez, que antes de juzgar al estado por su promesa incumplida, será el maestro quien de corporeidad legal como directo responsable del acto fallido. Qué papel jugará entonces el sindicato? Entraremos a procesos correctivo nuevamente, y el sindicato a defender lo indefendible? Creo que el problema es estructural, en consecuencia, los procesos de reforma también tendrían que ser estructurales, no punitivos y parciales, tampoco solo dirigidos al maestro y directivos de escuela. El asunto escolar es un asunto sistémico y no solo de contenidos. El asunto entonces de la calidad, es una cuestión de corresponsabilidades y de su exacta definición para no dejarla al libre albedrio del más cercano interprete so pena de crear evaluadores por todos lados. En tal sentido, obliga a dos rutas que nuestro sindicato debería abanderar para reorientar su posicionamiento fuera de aquellas dos vertientes extremas con las que estamos instalados en automático y acudir al llamado de un nuevo sindicalismo propositivo y de conexión colectiva que oxigene a nuestro sindicato:

1.- Si el Estado habrá de asumir la rectoría de la educación y además la calidad se le asigna rango constitucional como característica obligatoria de la escuela: démosle entonces la bienvenida a esta reforma; es una oportunidad histórica que reivindica nuestra educación pública, laica, gratuita y obligatoria. Pero, para ello, precisa de una definición contextuada de las leyes reglamentarias que respeten la diversidad de Chiapas y regulen el exceso de responsabilidad que se le quiere asignar unilateralmente al profesorado, digamos sí a la evaluación, pero a todos. Las leyes secundarias preliminares que desde el diario el Universal se han filtrado avizoran una perspectiva de instalación de una

cultura evaluativa no solo de resultados, sino también de procesos, de respeto a contextos diversos y condiciones específicas del trabajo docente, ojalá así sea.

En estas condiciones, el sindicato, podría desde esta ruta, ser el vigía garante de esta promesa. El aforismo de la calidad, independientemente del sentido de origen que tenga, debe dejar de verse como calidad de resultados únicamente, quizás asumirla como la gran promotora de potencialidades personales y disciplinarias que se es capaz de procesar con los alumnos, tanto colectivas como individuales que como condición debe tener toda acción de la escuela y particularmente del maestro, formar al ciudadano del buen vivir, del buen ser, del buen hacer.

Es así, como en nuestra condición de maestros, la calidad se convierte en una básica y necesaria condición humana, personal/profesional, funcional, útil y trascendente de la acción docente; aptitudes y actitudes sobresalientes que permiten dar un servicio que informa y forma, que educa como persona y para la vida. Por supuesto que la calidad así entendida, sí queda acotada a las condiciones particulares del docente, y por tanto, bajo responsabilidad de lo que somos capaces de dar, transferir, contagiar, provocar, informar, enseñar, dependiendo de lo que mejor hagamos; nadie puede dar lo que no tiene. Pero también es importante subrayar, que el servicio docente se desarrolla a un todo, no es un proceso aislado ni el profesor un ente autónomo en sus fines y metas. Entonces la calidad adquiere una dimensión mayor, aparece como calidad educativa, entendida como la preocupación de cómo dar mejor educación, por un lado y, cómo hacerlo para todos, por el otro. En consecuencia, la ausencia de calidad y la permanencia del profesor no son asuntos de exclusividad del docente, mucho menos debe ser motivo de desamparo y culpabilidad paliada y justificada por bajos resultados medibles únicamente. La calidad es así, un asunto de equidad de condiciones, de igualdad de oportunidades, de pertinencia y condiciones para cumplir y hacer cumplir objetivos, metas y políticas educativas trazadas. Es decir, es un asunto de responsabilidades endógenas y las propias del quehacer docente mandatadas por el currículo y por políticas educativas locales. Por ende, es responsabilidad ética hacernos cargo como profesores de la parte que nos corresponde, pero a la vez, las variables externas que influyen en el desempeño, es campo de actuación sindical, necesario e indiscutible. Ilógico sería negar a la evaluación cubriéndola de ideologías sindicales sin hacernos cargo de nuestros trayectos formativos a los que estamos obligados.

Las leyes secundarias o reglamentarias en tal sentido, deberán en su constitución (de aquí a 18 meses constitucionalmente, o hasta agosto de este año si el H. Congreso de la Unión legisla extraordinariamente) respetar las condiciones particulares de los contextos diversos. Es aquí donde tendríamos que apuntalar la fuerza y presencia del sindicato para exigir la ya trillada idea de tropicalizar la evaluación. Pero cómo lograrlo,

si la fuerza del sindicato está orientada en direcciones retorcidas del clientelismo y no de la ruta propositiva y demandante que habría que hacérsele al CONGRESO LOCAL para legislar al respecto. ¿Quién está determinando las leyes reglamentarias para el escenario diverso de nuestro estado de Chiapas? ¿Está participando el sindicato? ¿Está el congreso local revisando dichas leyes o, solo aprueba las dictadas a nivel nacional?

En esta ruta entonces, hay una fértil e inédita bandera de participación sindical que debería aglutinar toda la experiencia de lucha gremial para hacer del sindicalismo una realidad aquello de la defensa laboral que evidentemente requiere el magisterio ante la actual reforma educativa. ¿Qué leyes locales van a tratar puntualmente el asunto de la inequidad social de los grupos indígenas y marginales de Chiapas ante la demanda constitucional de la calidad educativa?¿Cómo habrá de generarse la evaluación de los maestros chiapanecos frente a regiones, zonas y comunidades con un bajo índice de desarrollo humano? La calidad ratifica entonces su necesaria correspondencia con la equidad y la justicia social para valorarla. El sindicato tiene aquí, la gran tarea histórica de contribuir, a través de la defensa de las condiciones generales del trabajo docente sin pervertir la idea de defender lo indefendible las más de las veces centrada en la actitud poco profesional de sus docentes. Los resultados de exámenes en consecuencia, no son condición directa del desempeño docente ni del nivel formativo del maestro, es solo una variable, pero necesaria. No obstante, falta legislar al respecto para particularizar las condiciones de evaluación en Chiapas.

2.- Por otro lado, el INNE como instancia autónoma e independiente, aparece como GARANTE de la evaluación, así se avizora con la presencia de sus líderes morales académicos que recién han sido nombrados, ojalá no se pierdan en la ruta de la cultura arraigada del poder basada en las recomendaciones o instrucciones superiores, ojalá que no. De ser así, estaríamos arribando a niveles de cinismo ilustrado sin precedentes, dando continuidad a una política que solo dibuja instancias legales para objetivar y legitimar ilegitimidades. Tengamos fe que harán su chamba y lo harán con la calidad esperada. Falta ver, con mayor importancia, cuál será el procedimiento estatal de este símil. Ojalá que la racionalidad política sea de política educativa y no de política-política.

En este tenor, el sindicato tiene otra gran vertiente de atención puntual, esta veta de oportunidades para reivindicar la defensa laboral y el seguimiento transparente, equitativo y justo de las evaluaciones, de los evaluadores y de los evaluados; obviamente, tendría que ser, de entrada, el propio sindicato, un ente susceptible de ser evaluado, de renovarse democráticamente en sus prácticas y tradiciones. Visto así, el primer gran ejercicio o agenda pendiente del sindicato está en

promover, antes de cumplirse los 18 meses de término legal, -o antes de agosto de este año- todo el poder gremial hacia las leyes secundarias para hacerlas efectivas no solo para el maestro en el aula, o el directivo de escuela, sino mas bien, en esta lógica de sujetos corresponsables, exigir la extensión de la evaluación hacia todos los agentes que determinan e influyen en ese resultado escolar de calidad que tanto se demanda. Lo que incluye evaluar: ámbitos, sujetos y procesos.

Ningún sindicato podría entonces eximirse u olvidarse de cuidar y proteger la justeza de las evaluaciones en sus sujetos agremiados que la conforman, pero no solo para corregir sino también para prevenir. Y en esta lógica de prevención, no solo debe evaluarse entonces, el ámbito, el proceso, y al sujeto del aula como lugar donde se concreta la acción educativa. Ésta debe entenderse como un proceso que incluye, a otros sujetos también determinantes de la acción de la escuela, del rumbo de las políticas educativas, de la forma de relación entre los que operan y dirigen los rumbos, orientaciones, recursos y hasta procedimientos que debe realizar la escuela; no olvidemos que la escuela, es desafortunadamente, antes que su propia lógica constituyente, una administración del tiempo y el espacio; una acción que vigila y castiga con procedimientos acotados y permisibles. No es un ente aislado, es siempre acompañado, o siendo más exacto, siempre dirigido, acotado por instrucciones superiores. La evaluación entonces debería defenderse por nuestros representantes y solo necesariamente a través de las leyes secundarias y no de acuerdos políticos o minutas negociadas; admitir que la evaluación es urgente y necesaria, pero tendría que ser en cascada y no a la inversa; que obliga a una evaluación para todos y no solo de quien concreta el éxito o fracaso de la escuela. Véase lo que literalmente dice el proyecto de ley del servicio profesional docente, capitulo VII, de la permanencia en el Servicio (p. 23)

Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado.

Luego entonces, no sería justo y necesario plantearse ¿Quién evalúa a las autoridades educativas? ¿Quién determina y evalúa los organismos descentralizados? Ahora bien, si esta lógica evaluativa se orienta a los sujetos concretos plenamente situados y fechados como el profesor, el director, supervisor o jefe de sector o enseñanza, en la educación básica, ¿Por qué no pensar también, por razones de justicia y equidad; de la misma forma en que habrán de ser evaluados los sujetos directos de la escuela, deberían a su vez, evaluarse los sujetos determinantes de la acción y política educativa?:

¿Quién evalúa al jefe del departamento del nivel?

¿Quién evalúa al director del nivel educativo?

¿Quién evalúa al Coordinador de planeación educativa?

¿Quién evalúa a los directores de evaluación y operación de programas? ¿Quién evalúa a los evaluadores?

O acaso el Secretario de Educación, el Secretario General del Sindicato, los líderes regionales o estatales no estarían definiendo y co-participando en el asunto de la calidad de la educación? No tendrían también que ser sujetos de evaluación periódica y permanente condicionando la permanencia de sus funciones?

La lógica de evaluación implica también una lógica de planeación y diseño, de operatividad y seguimiento, de perfiles y de identidades con el campo de la educación. En otro apartado se dice:

El docente seleccionado estará sujeto a un periodo de inducción al servicio con duración de tres años ininterrumpidos, dentro de los cuales tendrá el acompañamiento de un tutor designado por la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda.

La permanencia de 5 años, y otro mas hasta 7 años en el INNE, sin que medie, una evaluación temporal y/o permanente obligan -para el caso de estos personajes reconocidos – así como el de otorgar la facultad a la autoridad estatal de evaluar solo a los maestros, obliga a pensar que la reforma sí contienen una idea de la verticalidad clara, haciéndole perder las bondades sustantivas que la necesaria evaluación de los procesos educativos requieren. La evaluación si no se asume con dialogicidad y se piensa solo en su aplicación vertical, evaluar profesores y no evaluar a las autoridades educativas principales, aludiendo solo a la permanencia de unos y a la inseguridad de otros, puede ocasionar serias erosiones en las relaciones sociales de producción de la escuela. Ojalá que algo pueda hacerse.

Gregorio de Jesús Hernández Grajales.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Mayo del 2013